Restitución de tierras, el gran reto de la Ley de Víctimas

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Por la cantidad de personas afectadas, cerca de 4 millones, y el impacto social de la problemática que estas han sufrido en los últimos 20 años a raíz del despojo de sus propiedades, la Ley de Víctimas tendrá en la restitución de tierra su gran prueba de fuego ( Vea la infografía aquí).

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado calcula que el abandono, por presiones armadas, o la usurpación de predios sumaron 5,5 millones de hectáreas, aunque estimativos de otras instituciones hablan de 10 millones.

“El camino de la restitución de predios va a ser tortuoso”, no dudó en afirmar a EL HERALDO el director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, quien —citando la frase de Gandhi “Lo que se conquista con violencia, se defiende con violencia”— dijo que “los usurpadores van a desatar una defensa jurídica, política y violenta”.

Considera que el éxito de la Ley dependerá de que exista “una persona capaz de hacerlo. En eso (Juan Manuel) Santos tendrá un reto enorme”.

Tenedores de buena fe

La nueva normatividad abrirá lo que, sin duda, será uno de los próximos debates nacionales: el trato a los llamados “tenedores de buena fe”, aquellas personas que terminaron como propietarias de tierras arrebatadas o abandonadas en zonas rurales, bajo la intimidación del paramilitarismo.

“Ningún colombiano que sea poseedor de buena fe de una tierra, va a salir perjudicado. Si tiene títulos legítimos, no va en ninguna forma a salir perjudicado”, enfatizó, el miércoles, Santos al felicitar al Senado.

En contrario, defensores de los Derechos Humanos, como el abogado José Humberto Torres, denuncian que muchos de esos propietarios de hoy “son testaferros de los despojadores”.

El senador Iván Cepeda sostiene, al respecto, que grandes productores agropecuarios que compraron tierras baratas, no pueden alegar en su favor que no sabían lo que había sucedido en esas regiones.

Cuestionó los “contratos de uso”, que establece el Artículo 100 de la norma, porque, por ejemplo, no se sabe en qué condiciones va a negociar un campesino que reclame su predio a un gran empresario que ahora lo tenga en producción.

Otro punto que generará debate es que los afectados por las Bandas Criminales no serán considerados víctimas, porque estas organizaciones ilegales no son reconocidas como actores del conflicto armado, “pese a que son el brazo sicarial de los más recientes despojadores: los paramilitares y sus aliados políticos y económicos”, adujo Cepeda.

Leyes adicionales

Aunque también reconoce que no será fácil poner en marcha la normatividad, el presidente del Senado, Armando Benedetti, destacó que “ningún país había aprobado una Ley como esta, que servirá para pagar la deuda social con quienes han sido afectados por la violencia reciente. Por fortuna, la primera etapa le tocará al presidente Santos, su principal doliente”.

Sostuvo que la Ley de Víctimas necesita unas adicionales, como una Reforma Agraria, en la que se “garanticen recursos para los campesinos y no como pensaba el exministro Arias que había que darles la plata a los ricos de este país”.

Por José Granados Fernández

 

Fuente: Elheraldo.co

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