Jueces sucreños, en líos por desfalco a Invias

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Redacción el Meridiano de Sucre.

El próximo 21 de noviembre se efectuará la audiencia de juicio contra el juez promiscuo de San Marcos, Emiro Rafael Salgado Atencia, procesado por prevaricato por acción, cargo que le imputó la Fiscalía 54 Anticorrupción de Bogotá.

Salgado Atencia es uno de los jueces sucreños implicados en el escándalo por el millonario desfalco al Instituto Nacional de Vías (Invías) promovido por abogados a través de demandas reivindicatorias de propietarios de fincas que se sentían afectados por el trazado de vías estatales.

La audiencia de juicio al juez Salgado tendrá lugar en la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo y en ella se hará la presentación de los alegatos de conclusión, según Armando Hernández, uno de los abogados que asisten al Invías en Sucre.

El proceso que involucra a jueces de Corozal, San Marcos, Sucre, Sincé y Sincelejo comenzó luego de que la Procuraduría General de la Nación entablara denuncias penales e iniciara investigaciones disciplinarias por las millonarias condenas al Estado proferidas por jueces no competentes.

Caso San Marcos
Al juez de San Marcos se le procesa específicamente porque después de que en diciembre de 2009 condenara a Invías a pagar 11 mil millones de pesos, uno de los apoderados del Instituto le solicitó al juez el desembargo de esos dineros en consideración a que el Estado tiene una previsión establecida por el artículo 177 del Código Administrativo que dice que en estos casos se deben esperar 28 meses para que el Estado pueda dentro de su presupuesto apropiar los dineros necesarios para cumplir la sentencia. Además de que los dineros de Invías, por hacer parte del

Presupuesto Nacional, son inembargables. El juez entregó los dineros
Pero hubo una falla técnica en el sentido de que el abogado del Invías dirigió la solicitud al Juez Segundo de Corozal. Por ese detalle el juez de San Marcos devolvió de plano la solicitud. En concepto de la Fiscalía, que lo acusa de prevaricato por acción, el juez tenía pleno conocimiento de que a pesar de que el memorial estaba titulado a otro juez, su contenido se refería al caso de San Marcos.

 

Hoy varios tramos de la vía San Marcos-Majagual, por la cual algunos finqueros reclamaron millonarias indemnizaciones del Estado, están intransitables por la ola invernal.

 

El fallo de la Corte 
En lo referente a las millonarias demandas de finqueros contra el Invías, en septiembre de 2010, la Corte Constitucional conceptuó la no competencia de la jurisdicción ordinaria para dirimir estos casos, sino que le corresponden al Contencioso Administrativo.

El hecho es que hoy, respaldada por el Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría, la Fiscalía tiene en la mira a varios jueces del departamento de Sucre, como también de Atlántico, Bolívar y Magdalena. En Sucre estarían involucrados jueces de Sincé, Corozal y Sincelejo.

Modus operandi 
Los dueños de los predios en coordinación con los abogados y los jueces habrían aprovechado los vacíos jurídicos para cobrarle a Invías una reinvindicación ficto presunta de los terrenos que se habían ocupado en la construcción de vías como la de San Marcos-Majagual.

El 50 % de los dineros pagados por Invías era para el propietario del terreno y el resto para el abogado.
En lo atinente a los procesos que terminaron en sentencias condenatorias y que quedaron ejecutoriadas, la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre instauró el año pasado sendas tutelas contra dichas sentencias en el Tribunal Superior de Sincelejo.

Una de ellas contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre y otra contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo con el fin de que se declarara la nulidad de esas sentencias y por consiguiente se les remitiera a la jurisdicción administrativa.

Hágase la vía y la indemnización
Según abogados del Invías y funcionarios de la Procuraduría, todo este «carrusel» de demandas empezó en 2005 por vías estatales que habían sido construidas en 1950 y mucho antes.
En un principio cuando los propietarios de fincas reclamaron indemnizaciones del Estado, las demandas llegaron a la jurisdicción contenciosa administrativa, que declaró la caducidad de la acción.
«Esto se asemeja mucho al resultado de la prescripción, es decir que el proceso termina sin ninguna clase de indemnización por haber dejado de transcurrir un término que precisa la ley, que en este caso es de dos años, sin reclamar perjuicios ante los jueces», explicó a EL MERIDIANO de Sucre Raúl Vergara Álviz, procurador delegado ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre.
En consecuencia, los abogados de los particulares interesados en ser indemnizados acudieron a la jurisdicción ordinaria y entablaron demandas reinvindicatorias del predio.

Esa clase de procesos en la jurisdicción ordinaria ya no tiene un término, porque allí no se habla de caducidad, sino de prescripción, y para que esta se dé tienen que transcurrir diez años.
A juicio de Vergara, estas demandas reivindicatorias de predio no eran más que una indemnización, «porque en la pretensión se señalaba que como la franja de terreno ya no era recuperable de manera material, por estar constituida sobre ella una carretera que es un bien de uso público, se debía entonces hacer una reinvindicación ficto presunta de ese terreno, que equivale a una indemnización».

Traspaso
Este medio conoció que los juzgados de Corozal y Sucre pasaron los expedientes al Consejo Superior de la Judicatura para que dirima competencias. Por su parte, los juzgados de Sucre, San Marcos, Sincé y Sincelejo han pasado gran parte de este tipo de procesos al Tribunal Administrativo de Sincelejo.

 

Fuente: ElMeridianodeSucre.com

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